Este viernes se desarrolló una nueva audiencia en el marco de la investigación por la muerte de Mylan Liempi y Martina Pérez, los dos jóvenes hinchas de Colo Colo que fallecieron en las afueras del Estadio Monumental en abril de 2025. La instancia se llevó a cabo en el Centro de Justicia de Santiago y tuvo como objetivo revisar las medidas cautelares que cumplen los dos funcionarios de Carabineros formalizados por el caso.
La defensa de los imputados solicitó modificar el arresto domiciliario total para que este se cumpliera únicamente en horario nocturno. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición al considerar que no se presentaron antecedentes nuevos que justificaran un cambio en las cautelares.
Durante la audiencia también se conoció que ambos funcionarios estaban cumpliendo el arresto domiciliario en dependencias de una comisaría, situación que no había sido establecida en la resolución original de la formalización. A raíz de ello, el tribunal dispuso que la medida cautelar deberá cumplirse en los domicilios particulares de los imputados.
Además, se determinó que la supervisión del cumplimiento del arresto domiciliario quedará en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), dejando de estar a cargo de Carabineros. Según expuso la parte querellante, los funcionarios incluso continuaban desempeñando labores al interior de la unidad policial mientras cumplían la cautelar.
La postura de la familia de Martina Pérez
Tras la audiencia, Mariana Rojas, abogada de la familia de Martina Pérez, entregó un balance de lo ocurrido y valoró la reformalización realizada por el Ministerio Público. “La defensa había solicitado la revisión de cautelares y la Fiscalía pidió la reformalización. La reformalización nos deja bastante tranquilos porque desde el primer día hemos sostenido que hubo un incumplimiento de los protocolos de Carabineros. Hoy eso quedó precisado en la audiencia”, señaló.
La profesional sostuvo que los nuevos antecedentes refuerzan la tesis de la querella respecto de la responsabilidad de los funcionarios. “Estamos hablando de dos víctimas fallecidas y otras dos personas lesionadas. Es un hecho de extrema gravedad y creemos que esto reafirma nuestra postura inicial, en el sentido de que hubo una actuación negligente y un incumplimiento de los protocolos básicos”, agregó.
Respecto de la solicitud presentada por la defensa, Rojas cuestionó que los funcionarios estuvieran cumpliendo el arresto domiciliario en una comisaría. “Nos sorprendimos al enterarnos de que estos funcionarios cumplían la cautelar en una comisaría y seguían desempeñando funciones. Eso nunca fue informado durante la audiencia de formalización. Por eso solicitamos que la medida se cumpla en sus domicilios reales y que el control quede en manos de la PDI, para garantizar imparcialidad”, afirmó.
Asimismo, criticó el actuar de los imputados durante la jornada. “Se ha hablado de arrepentimiento, pero la forma en que llegaron hoy al tribunal, utilizando un acceso que no les correspondía, demuestra que siguen actuando con privilegios que no deberían tener”, concluyó.
Abogado de la familia de Mylan apunta a un eventual juicio oral
Quien también se refirió a la audiencia fue José Henríquez, abogado de la familia de Mylan Liempi. El profesional explicó que el Ministerio Público reformalizó la investigación incorporando nuevos antecedentes reunidos durante los últimos meses.
“La Fiscalía precisó los hechos en función de las diligencias que se han incorporado a la carpeta investigativa. Tal como señaló la magistrada, esos antecedentes agravan la responsabilidad de los funcionarios y no la atenúan”, indicó.
Henríquez agregó que la investigación continuará durante otros 90 días, plazo en el que se incorporarán nuevos informes periciales y psicológicos. Además, destacó que durante la audiencia no se discutió la participación de los imputados ni la existencia del delito.
“Lo único que se debatió fue la medida cautelar. La defensa no cuestionó la participación de los funcionarios ni la existencia del delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte. Eso proyecta un eventual juicio oral donde los imputados arriesgan una pena efectiva de cárcel”, afirmó.
Finalmente, el abogado detalló la pena que podrían enfrentar los funcionarios. “La pena en abstracto puede llegar hasta los diez años de presidio. Además, existe una circunstancia agravante debido a que las víctimas eran niños y adolescentes, lo que aumenta la responsabilidad penal”, sostuvo.
Al cierre, explicó que la reformalización incorporó nuevos elementos relacionados con la actuación de los funcionarios el día de los hechos. “Se precisaron aspectos como la ausencia de balizas, sirenas y otros dispositivos de advertencia, además de antecedentes relacionados con la velocidad del vehículo policial. Todos esos elementos fortalecen la reconstrucción de los hechos y la imputación formulada por el Ministerio Público”, concluyó.