La reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas fue despachada del Congreso Nacional y se convertirá en Ley en el corto plazo. Un proyecto que viene a cambiar por completo a la actividad, ya que en el fútbol busca poner fin a la multipropiedad, la prohibición de los representantes manejando los clubes, y una de las más discutidas y resisitidas, la separación de la ANFP y la Federación.
Un trámite legislativo que no se tomó a bien por parte de la directiva del fútbol chileno. Según información de ADN Deportes, el último Consejo de Presidentes se vivió un caos al hablar de este tema, como para votar a los miembros del nuevo Consejo de la Federación, que se encontraba en la tabla de temas.
La emisora dio a conocer que un grupo de clubes que conformaba la “Comisión de Clubes”, entre ellas Universidad Católica, Iquique, Universidad de Concepción, Coquimbo Unido y Rangers, intentó imponer a cuatro de sus miembros para la nueva instancia que se crea en torno a la Ley de SADP. En caso contrario, menciona ADN, dichos equipos harían caer la mesa de Pablo Milad.
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Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, salió al paso tras la reunión de directorio de la concesionaria alba, y confirmó que las versiones de prensa que hablaron de un “intento de golpe de Estado” en el ente rector del fútbol chileno fue real. “Lo que se dice es efectivo, eso que ocurrió en la sala, pero hubo dos reuniones privadas antes, en el segundo piso de la ANFP, donde vivimos situaciones muy complicadas en un momento dado”, comentó el timonel albo.
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El citado medio detalla que al iniciar la asamblea, y a la hora de consultar a lso presidentes de clubes si se sentían representados por la citada comisión, se cuestionó su actuar por varios equipos. Ahí, derivó en un caos en la sala donde algunos equipos se alzaron como mediadores, y se terminó de retirar la votación como parte de la pauta.
En ese sentido, Aníbal Mosa detalló que esa serie de situaciones antes descritas representaron un intento de quebrar la institucionalidad de la ANFP. “Lo más grave aquí es que se trató de romper una institucionalidad y nosotros nos paramos firmemente y dijimos que no estamos defendiendo ni a Pablo Milad, ni a Jorge Yunge ni a nadie; estamos defendiendo la institucionalidad”, comentó el mandamás de Blanco y Negro.
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Finalmente, el empresario de origen sitio detalló que pese a los antecedentes dados a conocer por la prensa, la actual directiva del fútbol chileno debe finalizar su proceso dentro de lo previsto. “Bajo ese punto de vista primó la cordura y, bueno, el señor Milad tiene que terminar su proceso nomás”, cerró Mosa.
Tras 10 años se aprueba la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas
Luego de 10 años de trámite en el Congreso Nacional, la reforma de las Sociedades Anónimas Deportivas fue aprobada en la Cámara de Diputados con solo una abstención, por lo que ahora se convertirá en Ley. La moción fue impulsada por el diputado Matías Walker, junto a la exdiputada Marisela Santibáñez, entre otros.
La normativa establece un nuevo reglamento para las diversas Sociedades Anónimas Deportivas, entre ellas Blanco y Negro, concesionaria que administra los destinos de Colo Colo desde el 2005. El texto pone mayor fiscalización a las entidades, por ejemplo en temas financieros. Así, las diferentes SADP tendrán mecanismos de fiscalización por la Comisión de Mercado Financiero (CMF) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile está contemplada en la reforma a la Ley de las SADP. Foto: Photosport.
Esta modificación a la Ley prohíbe la multipropiedad, por lo que una persona no podrá ser dueña de más de un club de la misma categoría, situación que también afecta a representantes de futbolistas. A esto, se pretende que se conozcan a los reales dueños de cada uno de los clubes administrados por S.A.
También, la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, como la creación de mecanismos para que hinchas y socios puedan participar en la toma de decisiones en los mismos clubes y en su propiedad. A partir de ahora habrán 18 meses para que las instituciones puedan cumplir con la nueva normativa.
